Nueva ley permitirá exigir rectificaciones a cuentas con más de 100.000 seguidores en redes sociales
Madrid (EFE) – El Gobierno ha aprobado un anteproyecto de ley que amplía el derecho a la rectificación, permitiendo a los ciudadanos solicitarla no solo a los medios de comunicación tradicionales, sino también a usuarios de redes sociales con gran alcance. Esta medida, impulsada en el marco del Plan de Acción por la Democracia, busca frenar el impacto de los bulos en el debate público y fortalecer la calidad democrática.
Un marco actualizado para el ecosistema digital
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, anunció que la nueva Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Rectificación sustituirá a la normativa de 1984, adaptándola a la realidad digital actual. La principal novedad es que las rectificaciones podrán exigirse a cuentas de redes sociales con más de 100.000 seguidores en una plataforma o 200.000 en total en todas las redes en las que operen, reconociendo su capacidad de difusión superior a la de muchos medios tradicionales.
Contra las mentiras y los bulos
Bolaños destacó que la ley busca combatir a quienes difunden mentiras que afectan a personas o instituciones. Las víctimas de informaciones falsas o inexactas podrán ejercer este derecho, agilizando los procesos legales para garantizar una respuesta rápida y efectiva.
La ley introduce varias modificaciones respecto a la norma de 1984, entre ellas:
- Ampliación del plazo para solicitar una rectificación, pasando de siete a diez días.
- Flexibilidad en el destinatario de la solicitud, eliminando la obligatoriedad de dirigirla al director del medio en casos donde no sea identificable.
- Eliminación de la contestación escrita en demandas judiciales, acelerando los procedimientos.
Además, la norma legitima a personas cercanas a víctimas fallecidas para pedir rectificaciones sobre informaciones falsas que las afecten.
Publicación de rectificaciones y procedimientos judiciales
La ley detalla los plazos y formatos en los que deberán publicarse las rectificaciones según el medio afectado. También establece un proceso judicial más ágil en caso de incumplimiento, evitando burocracias innecesarias.
Un paso hacia la transparencia y la responsabilidad digital
Con solo siete artículos, la nueva ley pretende ser clara y efectiva en su aplicación. Según el Gobierno, esta iniciativa busca garantizar que el ecosistema digital promueva un debate público más limpio y transparente, protegiendo a los ciudadanos de los efectos negativos de las noticias falsas.